El nucleamiento provincial de entidades de productores consideró que el proyecto aprobado en Diputados “no soluciona nada y solo aporta injusticia”.
El proyecto de Ley sobre manejo de fuego, que obtuvo media sanción la semana pasada en la Cámara de Diputados, cayó como un balde de agua fría entre representantes del sector agropecuario, que expresaron su malestar ante la normativa impulsada por el diputado Máximo Kirchner, y que ya fue girada al Senado.
“Se trata, sencillamente, de un mamarracho escrito desde la ciudad, sin entender la problemática rural, con un alto nivel de injusticia y con severas fisuras jurídicas”, señalaron desde la mesa de enlace de las entidades de productores de Entre Ríos.
Y agregaron: “El proyecto, emanado desde la desinformación, el prejuicio y la irresponsabilidad, no separa un incendio intencional de uno accidental, transformando la norma en un literal despropósito. Por eso, si el Senado confirma este dislate, quien haya tenido fuego en su campo, haya sido deliberado o no, queda imposibilitado de cambiar de actividad o de venderlo por hasta 60 años”.
Las modificaciones propuestas a la Ley 26.815 establecen que “por 30 años no se podrá cambiar el uso de campos o terrenos que hayan sufrido incendios para emprendimientos inmobiliarios o cualquier actividad agrícola que sea distinta al empleo y destino que la superficie tuviera como habitual al momento del siniestro”.
En tanto, dicta la prohibición para lotear, edificar o desarrollar cualquier tipo de actividad productiva en los bosques nativos de propiedad privada luego de un incendio por el período de hasta 60 años.
La Mesa de Enlace de Entre Ríos, compuesta por la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), la Sociedad Rural Argentina, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) y la Federación Agraria Argentina, afirmó que se limita el uso privado y comercial de tierras incendiadas, y además, se prohíbe el desarrollo de emprendimientos o actividades distintas al uso que esos terrenos tenían al momento del incendio y la venta de dichos inmuebles en plazos que van de 30 a 60 años.
Y explica que considerar de antemano que existe una presunción de intencionalidad es “arbitrario” condenando a quien sufrió un accidente en su campo, “sin tener derecho alguno a la defensa”.
“De este modo, el damnificado sufre el daño del fuego y la sanción del Estado por varias décadas. Esta situación es insólita e inconstitucional, porque si bien no se pierde el inmueble, se impide disponer de él, alterando claramente el derecho a la propiedad. Inclusive, hay ejemplos de sobra que pueden ilustrar aún más este desaguisado. Entre ellos, el caso de un campo que esté en proceso de sucesión o en plena de división de bienes y que se incendia accidentalmente. En ambos casos la acción quedará inmovilizada por hasta 60 años. Un disparate”, destaca el texto.
Según los dirigentes, la aprobación de la ley destaca la incapacidad del Estado para controlar el fuego, para investigar y para buscar herramientas lógicas, aplicables e inteligentes.
Y concluye: “Lamentablemente estamos en presencia de un nuevo acto de la pereza intelectual e incapacidad manifiesta de un sector que sigue utilizando recetas que abrevan en la revancha, aplicando castigos en lugar de soluciones, condenando sin derecho a defensa e impulsando una vez más medidas que implican una severa parálisis a la actividad productiva del país”.
Fuente: Prensa MesaDeEnlace – TN – Prensa FAA
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