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Con el objetivo de garantizar un ambiente sano y proteger a la población más afectada por esta práctica, la provincia de Entre Ríos adhirió al decreto nacional que prohíbe la compra y el uso de pirotecnia sonora para los actos públicos oficiales.
El gobernador Gustavo Bordet dispuso la adhesión de la provincia al Decreto Nacional 96/19 que prohíbe la compra y el uso de pirotecnia sonora para los actos públicos oficiales. La medida apunta a garantizar un ambiente sano y proteger a la población más afectada por esta práctica.
La medida del titular del ejecutivo provincial se enmarca en las disposiciones establecidas en el decreto mencionado y firmado por el presidente Alberto Fernández, que prohíbe la compra y el uso de pirotecnia sonora para todos los actos públicos organizados por el Poder Ejecutivo Nacional, y que invita a las provincias a adherir.
«Prohíbese la adquisición y uso por parte del Sector Público Nacional, en los términos del artículo 8° de la Ley N° 24.156, de artículos y de artificios de pirotecnia, de estruendo o sonoros en los eventos y/o espectáculos que organice», expresa el artículo primero del documento.
No obstante, «quedan excluidos» de la norma «aquellos artificios pirotécnicos y/o explosivos utilizados para emitir señales de auxilio, emergencia o lucha antigranizo, aquellos que sean de uso de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y/o acciones de defensa civil y los destinados al uso industrial, minero u otra actividad productiva o extractiva».
Entre los considerandos del decreto nacional, el Ejecutivo destacó el contenido del artículo 41° del la Constitución Nacional que garantiza «el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo».
Por otra parte, la norma que también lleva las firmas del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Ambiente, Juan Cabandié, destaca los «estudios científicos que permiten comprobar que el uso de artículos y artificios de pirotecnia, de estruendo o sonoros afecta la calidad auditiva de la población», y en especial «de los sectores más vulnerables de la sociedad entre los que se encuentran los niños y las niñas y los ancianos y las ancianas, así como también a la fauna y al ambiente en general».
