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La ley de alquileres “es una intervención totalmente innecesaria”, no era necesario cambiar ninguna regla de juego ya que el mercado locativo venía funcionando bien dijo Armándola sobre el comienzo de la entrevista.
JOSE MARÍA ARMANDOLA es el actual Vicepresidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos y brinda los puntos de vista desde donde como entidad visualizan el mercado y su interacción.
Para adentrarnos recordamos que la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto sobre la ley de alquileres, que según manifiesta focaliza en equilibrar la relación entre inquilinos y propietarios, además de extender el periodo de los contratos, una actualización anual del valor mensual por un índice que combina salarios e inflación (IPC) y más opciones de garantías.
Desde el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos continúan pensando lo mismo que desde que comenzó este debate hace casi dos años, considerando que este proyecto de normativa es una intervención del Estado totalmente innecesaria en un mercado que no estaba complicado y que los cambios en el Código Civil del 2015 resultaron propicios para lograr que todo funcionara correctamente y no haya conflictos entre locador y locatario.
Fundamentalmente Armándola pone en relieve la complicación en el mercado inmobiliario con la actualización y la aplicación de la nueva fórmula que la ley establece por la cual el precio del alquiler de una vivienda tendrá un ajuste anual según un índice formado en partes iguales por las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte), lo cual no escapa de la inestabilidad económica que atraviesa el país, las circunstancias, que son malas, obviamente provocadas por la inestabilidad inflacionaria y la inseguridad por el lado que uno lo mire.
Además, en relación al principal problema que existe en cuando a las implementaciones de los proyectos entre capital y el interior, señaló que “acá hay un problema, en el interior lo que es la vivienda se estaba ajustando anualmente, o sea que en eso no cambia absolutamente en nada y todos los inconvenientes de lo que se habla son originados en Capital Federal.”
La iniciativa propone también fijar un nuevo sistema de garantías y evitar que los propietarios exijan a los inquilinos pagos adelantados para depósito por montos que superen el valor de un mes de alquiler.
“Tener que hacer contratos a tres años, en el contexto de inestabilidad e inflación que hay, en cualquier relación contractual es una complicación. Al primer año lo podes tener en perspectiva, al segundo le calculás una aproximación con alguna probabilidad de pérdida, pero al tercero ya es totalmente impredecible poder hacer un cálculo”, detalló Armándola.
Puntualizando en nuestra provincia, al aumentar el periodo del contrato, sube en paralelo el sellado, los honorarios, por lo cual en vez de achicar el gasto se termina por incrementarlo y a su vez se refirió respecto de las distintas realidades que se viven en el país, la diferenciación que debemos tener de Capital Federal, las grandes urbes y las pequeñas localidades del interior, mas allá que cada provincia tiene también sus regulaciones.
Armándola también se refirió cómo fue el desempeño del sector durante la cuarentena y la crisis económica que tuvo como consecuencia, «En un principio, cuando el movimiento estuvo completamente restringido, fue sumamente complicado, pero por suerte hoy se está trabajando normalmente. Lo que sí está muy parado es el sector de compra venta de inmuebles por la gran inestabilidad que existe. Fijar un precio es imposible, porque nadie sabe el valor de la moneda, y si trasladar o no la devaluación y antes de perder, prefieren paralizar las transacciones», finalizó.
