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Presentado por los ediles Marianela Manasalli, Guillermina López y Maximiliano Navarro (bloque Justicialista «Más para Nogoyá»), el proyecto busca exigir el certificado oficial para inscribirse como proveedores municipales y para asumir cargos públicos. «La violencia económica es una arista importantísima que deja a las familias y a las infancias desamparadas», alertó la concejal impulsora.
El Concejo Deliberante de Nogoyá recibió formalmente un nuevo proyecto de ordenanza que apunta de lleno contra la morosidad en las cuotas alimentarias y busca dotar al Estado local de herramientas concretas para desalentar este flagelo. La iniciativa fue presentada por los concejales Marianela Manasalli, Guillermina López y Maximiliano Navarro, y retoma una discusión legislativa previa impulsada a la luz de las recientes modificaciones provinciales.
«Un derecho humano fundamental»
Durante su exposición, la concejal Marianela Manasalli remarcó la urgencia de legislar sobre una problemática que castiga fuertemente a las infancias y a los hogares monoparentales. Citando datos estadísticos alarmantes de UNICEF, la edil señaló que el 70% de los progenitores no convivientes no cumplen con la cuota alimentaria en tiempo y forma, que el 56% de los hogares no recibe siquiera un aporte, y que el 97% de los hogares monoparentales están a cargo de mujeres:
“Esto significa que la mujer es la que consigue los recursos en la mayoría de los casos para poder sostener a sus hijos. (…) El derecho de los niños, niñas o adolescentes a una alimentación adecuada y el no permitir la violencia económica ejercida sobre las mujeres que llevan adelante la crianza sola es un derecho humano fundamental”, enfatizó Manasalli.
¿Qué exige el nuevo proyecto de ordenanza?
La normativa se alinea con la reciente Ley provincial Nº 11.326 —que modifica la ley original Nº 9.424 de Registro de Deudores Alimentarios Morosos— y establece dos pilares fundamentales de aplicación estricta en el ámbito municipal de Nogoyá:
- Proveedores del Municipio: Será obligatoria la presentación del «Certificado de Libre Deuda Alimentaria» para la inscripción de proveedores en la Municipalidad. Aquellos que figuren en el registro contarán con un plazo provisorio de 30 días para regularizar su situación, aunque no percibirán ningún pago municipal hasta tanto obtengan el certificado definitivo.
- Incompatibilidad para Funcionarios: Se establece la prohibición absoluta de designar como funcionarios municipales —bajo cualquier modalidad legal— a aquellas personas que se encuentren incluidas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
Una herramienta para achicar la brecha
Desde los bloques impulsores remarcaron que el certificado es de obtención gratuita y rápida, por lo que no existen trabas burocráticas que justifiquen demoras. El objetivo central es que el Estado municipal actúe como un filtro activo frente a quienes vulneran las obligaciones alimentarias.
“La municipalidad de Nogoyá no va a cambiar la realidad de todas estas personas, pero tener esta herramienta va a intentar por lo menos achicar la brecha o mostrar la capacidad de que, como Estado, podamos empezar a modificar las realidades. La violencia económica es una arista importantísima que no se visibiliza lo suficiente”, concluyó Manasalli.
