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El Poder Ejecutivo envió al Senado de la Nación el proyecto de la nueva Ley de Movilidad Jubilatoria que comenzará a aplicarse desde marzo de 2021.
Durante el 2020 el Gobierno Nacional garantizó aumentos trimestrales por decreto en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Dada la superposición de períodos, el proyecto de Ley establece que el aumento trimestral ya otorgado en el mes de diciembre de 2020, sea considerado dentro del cálculo semestral que se realizará para el mes de marzo de 2021. Es decir, se tomó la decisión de realizar en el mes de diciembre de este año un adelanto del aumento que debiera aplicarse en el mes de marzo del año que viene, a diferencia de lo ocurrido entre diciembre de 2017 y marzo de 2018. De esta manera, con la sanción de la nueva ley no solo se busca mejorar los haberes previsionales, sino que el empalme entre las fórmulas se podrá corregir, si fuera necesario, con el índice aplicado por el decreto en diciembre.
Por otro lado, en diciembre de 2017 se sancionó la Ley 27.426 que modificó la periodicidad de los aumentos por una movilidad trimestral. El primer aumento trimestral se otorgó en el mes de marzo de 2018, de esta manera, se generó una gran pérdida en el poder de compra para los jubilados y las jubiladas, ya que se reemplazó un aumento semestral por uno trimestral sin resolver su empalme.
En ese trimestre, las jubilaciones perdieron casi 7 puntos respecto a la inflación, debido a que no se otorgó un aumento trimestral en diciembre de 2017 ni tampoco se resolvió, lo que hubiera sido la otra posible solución, la aplicación de una primera movilidad semestral en marzo de 2018. Durante el gobierno anterior los jubilados perdieron casi un 20 por ciento de capacidad de compra con respecto a la inflación.
La nueva fórmula de movilidad enviada al congreso por el Poder Ejecutivo busca recuperar la misma evolución de los haberes que alcanzaron los jubilados en los 9 años entre 2009 y 2017, cuando aumentaron el poder de compra un 26 por ciento. Lejos de perjudicar a las y los jubiladas/os y pensionadas/os, lo que se persigue es proteger sus ingresos hasta tanto el congreso sancione la nueva Ley de Movilidad, tal como se ha hecho a lo largo de todo el 2020.
