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La Municipalidad de Nogoyá confirmó la desvinculación de dos trabajadoras tras una denuncia penal presentada el pasado 16 de octubre. Desde el Ejecutivo comunal detallaron cómo operaba la maniobra detectada en el área de producción y aclararon que la Justicia ya interviene en el caso.
Una presunta estafa vinculada a programas nacionales de empleo sacude por estos días a la comunidad de Nogoyá, generando gran preocupación institucional y social. El caso salió a la luz tras la reciente desvinculación de dos trabajadoras municipales y la formalización de una denuncia penal.
En relación a este delicado escenario, el Secretario de Gobierno del Municipio de Nogoyá, Arquitecto Beltrán Lora, brindó precisiones exclusivas en diálogo con Del Éxodo Nogoyá, explicando los detalles administrativos y las medidas adoptadas por el Ejecutivo.
El rol de la Justicia y las medidas del Municipio
El funcionario municipal confirmó que la situación irregular se detectó internamente en el área de producción, lo que derivó en una presentación judicial directa por parte de las autoridades competentes:
“Acá hubo una situación irregular […] El director de producción junto con el asesor letrado se acercaron a tribunales e hicieron la denuncia pertinente porque se acercó una persona que se vio afectada”, expresó Beltrán Lora.
Asimismo, el Secretario de Gobierno remarcó que, ante la gravedad institucional de los hechos, se procedió de manera inmediata con las sanciones administrativas correspondientes:
“Una vez presentada la denuncia, lo que hicimos fue a estas dos personas que estaban involucradas, les dimos de baja. No son personal de planta permanente ni transitoria, eran monotributistas […] El viernes de la semana pasada se dio de baja a las dos personas”, detalló el funcionario.
Cómo operaba la maniobra detectada
El caso se originó a partir de la presentación de una trabajadora subsidiada del municipio, quien descubrió con sorpresa que figuraba en los registros como empleadora y registraba una deuda cercana a los $3.000.000 en la entonces AFIP (hoy ARCA), además de adeudar un plan de pagos. Según la denuncia, sus datos personales —incluyendo CUIL y clave fiscal— habrían sido utilizados sin su consentimiento para inscribirla en un programa nacional de entrenamiento laboral, vinculándola a convenios donde las dos imputadas figuraban como participantes.
Al respecto, el Arquitecto Lora explicó los alcances del programa nacional involucrado y aclaró que el perjuicio económico recae sobre los organismos nacionales y no sobre las arcas comunales:
“El programa funciona así: hay un dueño o propietario de una PYME o monotributista que inscribe personal […] En esto que pasaba, parte lo paga el empleador y parte lo paga el gobierno nacional. En esta situación, estas dos empleadas se habían inscrito de forma irregular en una empresa, en un monotributista […] Las arcas municipales no hay ningún tipo de perjuicio, sino que el supuesto perjuicio es hacia las arcas nacionales”, aclaró el Secretario de Gobierno.
Finalmente, desde el Ejecutivo municipal señalaron que se aguardarán las directivas de la fiscalía interviniente para determinar los pasos judiciales a seguir, recordando que rige plenamente el principio de inocencia para las personas denunciadas hasta tanto la Justicia se expida de forma definitiva.
