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A raíz de publicaciones periodísticas y comentarios en redes sociales sobre un presunto incidente violento que involucra al viceintendente Carlos “Tito” Troncoso, la controversia oscila entre la privacidad familiar, el debate sobre la idoneidad ética de los funcionarios y la ausencia —hasta el momento— de ratificación en estrados judiciales o policiales.
La política local y la opinión pública de la costa del Paraná se vieron sacudidas en las últimas horas tras la difusión de versiones contrapuestas en torno a la figura del viceintendente de General Ramírez, Carlos “Tito” Troncoso. Lo que comenzó como una publicación periodística en un medio de Nogoyá —donde se aludía a una supuesta agresión física vinculada a un conflicto de pareja— escaló con rapidez en medios provinciales y plataformas digitales, donde se multiplicaron las especulaciones sobre presuntos episodios de violencia de género e internaciones médicas.
Sin embargo, hasta la fecha no existen registros oficiales, partes policiales ni informaciones judiciales confirmadas que den cuenta del inicio de una causa penal por violencia de género en contra del funcionario público, situando el caso en una compleja zona de trascendidos digitales y disputas discursivas.
El comunicado oficial: desmentida, ámbito privado y resguardo legal
Ante el impacto mediático de las publicaciones, Troncoso emitió un comunicado público con el objetivo de ofrecer claridad sobre los hechos. En el escrito, el viceintendente desmintió categóricamente haber sido agredido o haber estado internado, catalogando la información circulante como imprecisa y difundida con «dudosas intenciones».
Troncoso confirmó que atraviesa una severa crisis familiar y de pareja, detallando que su excompañera, Eugenia, se encuentra actualmente bajo atención profesional en un centro de salud. No obstante, rechazó de manera enfática haber ejercido cualquier tipo de violencia física hacia ella y señaló que se encuentra realizando las presentaciones pertinentes en el ámbito de la Justicia.
Asimismo, enfatizó la separación entre su esfera íntima y sus deberes institucionales:
- Continuidad de funciones: Afirmó seguir cumpliendo diariamente con sus responsabilidades en el municipio.
- Desvinculación institucional: Aseguró que en el conflicto no intervino personal municipal y que la situación compete de forma estricta a su vida personal.
- Protección de menores: Hizo un llamado explícito a la prudencia a la hora de difundir información, recordando la necesidad de preservar a los hijos involucrados en la dinámica familiar.
- Reserva de acciones legales: Anticipó que evalúa recurrir a la Justicia por la divulgación de informaciones no chequeadas.
